Ante la criminalización de la protesta que se está imponiendo en el Estado español, se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que nos encontramos ante un nuevo reto que viene a desafiar los logros conseguidos, fruto de grandes luchas sociales, en materia de derechos humanos y libertades fundamental...
Ante la criminalización de la protesta que se está imponiendo en el Estado español, se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que nos encontramos ante un nuevo reto que viene a desafiar los logros conseguidos, fruto de grandes luchas sociales, en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. Primero fueron los recortes en derechos económicos, sociales y culturales y luego, para acallar a los que se negaron y se niegan a conformarse, se impulsaron medidas represoras para desarticular el derecho a protestar. En este período de graves recortes en derechos y libertades una de las soluciones y reacciones que se han impulsado desde instancias gubernamentales ha consistido en intentar silenciar a la sociedad y amordazar a las voces críticas, utilizando un entramado jurídico, para disuadir a la ciudadanía de participar en los actos de protesta. Nos enfrentamos a un conjunto de medidas, con finalidad claramente preventiva, que pretenden, en muchos aspectos, configurar un derecho administrativo sancionador del enemigo, en el que la Administración es juez y parte y el ciudadano que protesta es el enemigo. Todo esto enmarcado en un maniqueo discurso de defensa del orden público, en el que predomina la seguridad nacional y la seguridad del Estado sobre la seguridad de los ciudadanos.
La iniciativa Defender a quien Defiende, liderada por la Fundación Solidaridad de la Universitat de Barcelona (FSUB) y por el Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (NOVACT), en cooperación con diversas organizaciones, medios de comunicación y centros de investigación, tiene como objetivo la creación, formación y coordinación de una coalición formada por movimientos sociales, activistas, juristas, periodistas, comunicadores y universidades públicas de ámbito estatal, estructurada alrededor de un observatorio sobre las violaciones de los derechos humanos en contextos de protesta social. Esta iniciativa pretende crear un espacio seguro para que las campañas y los movimientos de la sociedad civil puedan desarrollar su tarea esencial de transformación social.
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